La neurosis que ha extendido la derecha sobre la necesidad de los recortes en el gasto público y la maldad intrínseca del déficit está conduciendo a un enfoque bastante sesgado de lo que significa realmente éste. El problema es que dada la amplitud de lo que implica, es fácil encontrar ejemplos utilizables para casi cualquier cosa, y cuando se habla de aumentarlo o reducirlo, nunca se quiere incluir todo el conjunto.
Gasto público incluye los fondos que se entregan a la Iglesia Católica, el coste de las misiones militares en Haití, Líbano o Afganistán, las compras de aviones de combate o tanques, el sueldo de los jueces o los inspectores de hacienda, las pensiones, los subsidios de desempleo, el mantenimiento de carreteras y ferrocarriles… El gasto público es también inversión, como el aeropuerto de Castellón (o el de León, o el de Badajoz, o el de Barajas), la M30 madrileña, las desaladoras del mediterráneo, la restauración ambiental de las Tablas de Daimiel,… En fin, a todos nos gustaría una evaluación de la oportunidad más rigurosa en inversiones y gastos, pero lo cierto es que a la hora de reducir sí hay ideologías.
La realidad nos dice, además, que las autoridades regionales y locales desempeñan un papel cada vez más importante. En 2009, una publicación técnica sobre política regional, Regional Focus, que publica UE, examinaba el gasto público en España. Las conclusiones son sumamente esclarecedoras, y sólo daré dos pinceladas.
Para empezar, en 2006 el gasto público suponía el 38,8 % del PIB, unos 380 000 millones de euros. Sin embargo, la importancia relativa del sector público se estaba reduciendo, porque en 1995 era el 44,4%. La mayor parte de esta disminución del gasto público se produjo durante la segunda mitad de los años 90, y en la actualidad, el sector público español se encuentra entre los más pequeños de la UE en cuanto a su participación en el PIB. Dicho de otra forma, no tenemos el mastodóntico sector público contra el que nos invitan a luchar.
Por otra parte, España es el país más descentralizado de la Unión si comparamos el gasto público gestionado por el gobierno central con el gasto total del sector público. En 2006, casi el 66% del gasto total en bienes de capital (esto es, inversión pública) tuvo lugar en el ámbito subnacional. O dicho de otra forma, las decisiones de gasto se localizan en comunidades autónomas y ayuntamientos más que en el Estado.
