La resaca del ladrillo

El Parlamento Europeo acaba de aprobar el informe Auken, que pone de manifiesto los desmanes urbanísticos españoles. Llega a proponer que se congelen los fondos estructurales (todos: cohesión, FEDER, FEOGA,…) para España hasta que se resuelvan los abusos denunciados en Bruselas por ciudadanos de varios países. La resolución es muy dura con nuestra situación urbanística, y pide suspender y revisar todos los nuevos planes que no respeten el medio ambiente, así como anular desarrollos urbanísticos en curso que no se ajustan a la norma europea.

El pleno ha sacado adelante el informe con 349 votos a favor, 110 en contra y 114 abstenciones, y ya van tres veces que el PE denuncia la situación en la actual legislatura. De la actuación de nuestros europarlamentarios mejor no hablar.

El informe plantea que en España se ha constituido una forma endémica de corrupción a todos los niveles, que el modelo de desarrollo es claramente insostenible y está alentado por las Administraciones, que la justicia no está preparada para dar respuesta a los abusos (sentencias tardías que no pueden ejecutarse, falta de actuación, parcialidad). La planificación urbanística no existe y las acciones ilegales son la norma ante la falta de seguridad jurídica en la aplicación coherente de normas ambientales.

Dejando al margen el ruido del primer momento, se debería abrir un debate serio sobre el por qué de esta situación. En el origen, sin duda, encontraremos la financiación de las Administraciones Locales. La precariedad de fuentes es tal que, en la mayoría de ayuntamientos, la primera obligación del regidor es la supervivencia de la institución. En esta situación, los criterios de ordenación son secundarios, y la gestión del recurso suelo se basa únicamente en los financieros, dado que es el único medio de generar liquidez.

Ahora que las Comunidades Autónomas reclaman mejoras en su financiación, y que el debate está abierto, parece un buen momento para replantearnos también las necesidades locales. Se ha de establecer un procedimiento que asocie la actividad económica local con los ingresos de cada ayuntamiento, de forma que haya corresponsabilidad en la gestión de la economía local, y se debería separar la competencia de la planificación del territorio de la gestión: el planificador no puede obtener rendimientos de su trabajo, como sucede ahora.

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1 comentario
  1. Capitalino dijo:

    No parece que las CCAA hayan pensado en facilitar a los ayuntamientos financiación si no es a cambio de control. Además, la gran mayoría de ayuntamientos no tiene capacidad de gestión, sólo las ciudades podrían afrontar ese cambio.

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