Cambio de planes

El cambio en el gobierno se está traduciendo en cambios en políticas concretas, y en el caso del ministerio con más poderosa influencia sobre el territorio, el de Fomento, esto se ha plasmado en un sorprendente cambio de estrategia con respecto a la Comunidad de Madrid.

Algunas de las cuestiones que permitían mantener una crónica postura de víctima al gobierno regional eran trampas cruzadas entre el gobierno regional madrileño del PP y su oposición del PSM, que daban pie a diferentes situaciones de conflicto interno. Abandonar esa situación, sin embargo, no está tan claro que beneficie a todos. En un post reciente, Geógrafo subjetivo reflexionaba sobre la cuestión y establecía dos planos de análisis: el primero, estrictamente político, según el cual Blanco le ha quitado al PP de Aguirre la baza del victimismo, y al PSM de Tomás Gómez un incómodo obstáculo; el segundo, de contenidos, en torno a si el conflicto entre Estado y Comunidad tenía causas objetivas, era fruto del enfrentamiento personal o una mezcla de todo.

La reflexión es claramente pertinente, sobre todo porque una de las cuestiones más importantes, el cierre de la M-50, no era un enfrentamiento personal o político, aunque se ha disfrazado de controversia basada en cuestiones personales. La negativa está sólidamente fundamentada en cuestiones técnicas de ordenación territorial y de impacto ambiental. Ese cierre es un anhelo de los especuladores inmobiliarios de toda la región, así como del cartel empresarial de la obra pública, acostumbrado en Madrid a un constante flujo de megaproyectos que mantengan sus tasas de beneficio.

Como en tantas otras ocasiones, no hay (o no se quiere tener, más probablemente) una valoración de coste-beneficio de la obra. La incidencia sobre las actividades económicas existentes es poco sustantiva (el antecedente del soterramiento de la M-30 debería ser suficiente indicador para evitar este tipo de dispendios), pero las perspectivas de negocio en torno a la construcción e inmobiliario son las determinantes.

Obviamente, la administración de Esperanza Aguirre es consciente de que ahora no hay negocio inmobiliario, pero también de que si no hace la obra, nadie la hará, ante la evidencia de su absoluta inutilidad y perjuicio ambiental. Estas cuestiones están bien determinadas en los staff de Fomento, del Gobierno de Madrid y del PSM, y con este brusco giro el nuevo ministro parece dar la razón a la señora Aguirre. El que queda desautorizado es Tomás Gómez, secretario del PSM, que veremos a ver cómo explica esto, y los que sufriremos las consecuencias en primera instancia seremos los madrileños, que pagaremos el coste económico, social y ambiental del cambio de planes.

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