Calidad democrática

Ya he mencionado en alguna ocasión que la pretendida austeridad tiende sospechosamente a cercenar derechos, como si tenerlos fuera un lujo. Sobre uno de esos lujos que pretenden retirarnos me voy a permitir traer aquí las palabras de Santiago Macías, publicadas en los blogs de ileon.com. Como comparto su opinión, y aun podría abundar en alguna cuestión económica que no aporta gran cosa a su reflexión, copio literalmente:

Cortar por lo sano

La crisis es el escenario perfecto para que la extrema derecha saque a pasear el decálogo del pensamiento reaccionario. Pero lo triste es comprobar cómo su mensaje es difundido incluso por quienes no simpatizan con ella, sino todo lo contrario, pero que sin embargo le hacen el trabajo. En esta espiral de involución y de liquidación total del Estado del Bienestar, solamente queda por fulminar el Estado de Derecho, algo que se consigue a base de soltar y difundir ese tipo de panfletos. Allanando el camino a los reaccionarios se acaban legitimando sus porrazos, mientras vemos como poco a poco desaparecen los derechos conquistados durante décadas. Incluso el de manifestarse.

Circula por las redes sociales un mensaje que asegura que en España hay nada más y nada menos que 450.000 políticos -el triple que Alemania con poco más de la mitad de población que el país teutón- y que si a éstos se les rebajasen 1000€ de sueldo acabaríamos con la crisis de un plumazo. Eso, obviamente, si fuera verdad, porque de los 70.000 políticos que hay en España, 68.000 de ellos son concejales y de ellos un 90% no tiene sueldo, entre ellos un servidor.

Mi humilde opinión es que no sobra nadie que haya sido democráticamente elegido -con más o menos acierto- y siempre que cumpla el cometido por el que llego ahí; lo que sí sobran son numerosos privilegios de algunos que suponen costes astronómicos para las arcas públicas de todos; miles de cargos de confianza elegidos a dedo; millones de euros en gastos militares, en financiación de la casa real o de la iglesia católica; amnistías fiscales para los que han contribuido a hundir la economía del país y un largo etcétera. Curioso, al menos, que de todo esto no haya mención alguna en todos esos mensajes que circulan por la red. Me pregunto cuánto tardarán algunos en darse cuenta del timo de la estampita.

Les pondré un ejemplo: cualquier Diputación de España, presidida por alguien a quien nadie elige pero que tiene un sueldo superior al de un presidente del Gobierno. En muchos casos, incluso, preside a la vez su partido a nivel provincial; una acumulación de poder que le permite solucionar las cuitas dentro de su propia formación o comprar voluntades entre los demás a base de dar o quitar inversiones públicas de la institución que preside.

Y contra eso, el Gobierno se despacha con dos medidas completamente absurdas dentro de la llamada Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Pública. La primera, la de reducir concejales (en el municipio en el que resido pasarían de 25 a 21), cuando lo que debería hacer es regular por ley las percepciones en base al censo de habitantes. La reducción de concejales en un municipio no tiene un coste económico considerable. La regulación de los sueldos de aquéllos que vayan a cobrar, sí.

Peor aún es la anunciada supresión de las más de tres mil Juntas Vecinales en toda España (un tercio de ellas en León, con 1234) Una figura histórica y necesaria por la dispersión geográfica de muchos municipios, que ahora se pretende eliminar con la excusa de ahorrar costes por una duplicidad que se presenta como gravosa pero que no lo es.

De todos es sabido el cometido de las entidades locales menores en la administración y conservación de todo su patrimonio y de los costes insignificantes que ello supone, casi siempre sufragados por el propio vecindario. Todo ello, gestionado por un pedáneo que no recibe salario alguno en la inmensa mayoría de los casos y que es elegido de forma democrática por sus vecinos y que puede ser democráticamente sustituido por éstos en cualquier concejo.

Si la supresión se lleva a cabo y el patrimonio de los vecinos deja de pertenecerles, quien lleve a cabo las tareas desde ese momento sí generará gastos para la administración de la que pasen a depender esas responsabilidades. Y no digamos en cuanto al patrimonio que hoy pertenece a los pueblos y que les será expropiado, que muy probablemente acabará en manos privadas cuando su mantenimiento sea inasumible.

Con la reducción de concejales, lo que se pretende es perpetuar el bipartidismo y condenar a las minorías al ostracismo o a la desaparición; en el caso de las Juntas Vecinales, acabar con una figura que eleva a la Democracia a su máximo exponente.

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