La oportunidad del banco malo

Mientras el gobierno construye el “banco malo”, la bomba de relojería que son los desahucios por impago de hipotecas ha estallado. En lo que se constituye una entidad que se denominará SAREB y que protagonizará el próximo capítulo de esta estafa que algunos llaman crisis, la sociedad civil ha plantado cara a la banca, y como suele pasar la casta política no ha sabido estar a la altura.

El “banco malo”, que es cualquier cosa menos un banco, podría ser, sin embargo, una oportunidad para hacer política económica de verdad, precisamente ayudando a quienes ahora están sufriendo un nuevo expolio a cargo de los bancos realmente malos. Llegados a este punto, se podría alegar que no es posible que un instrumento de socialización de pérdidas sirva para lo contrario, y desde luego tal y como lo ha concebido el señor ministro de economía es verdad. Pero es que otra política es posible.

¿Quien necesita un rescate? Vista la evolución del país, las cifras de desahucios y las malas prácticas generalizadas en el sector financiero, quienes necesitan un rescate son los ciudadanos, sin duda. Los bancos ya gozan de todo el apoyo, y ahora gracias a SAREB van a poder recuperar las consecuencias de la masiva “dación en pago” que han efectuado. A lo largo de estos cuatro años, las entidades financieras han admitido que los promotores inmobiliarios insolventes entreguen sus inmuebles en compensación por las deudas, cosa que los ciudadanos no hemos conseguido. ¡Y ahora tenemos que ayudar a los bancos!

El gobierno, ante la gravedad de la situación, ha intentado un tímido arreglo tan de mínimos que no sirve ni como paliativo. Y el PSOE se enfrenta al descrédito de no haber hecho nada cuando se podía haber evitado un desastre claramente previsible. Hay que ir más allá de paños calientes, que llegan tarde y no solucionan la cuestión.

Una opción de rescate a los ciudadanos sería liberar a cargo del SAREB la carga hipotecaria de las viviendas principales de todas aquellas familias de ingresos medios y bajos. Podría instrumentarse como una pérdida obligada a transferir al “banco malo”, al igual que una promoción inmobiliaria. De esta forma, se atenuaría la presión sobre las clases sociales que de hecho están siendo más castigadas. Sería una inyección directa sobre la capacidad de consumo y la renta disponible de las familias, que obviamente redundaría en una cierta recuperación del consumo. En un arranque de generosidad inteligente, podría extenderse la medida a un porcentaje (pongamos el 50%) de la carga hipotecaria de la vivienda principal de cualquier familia que haya perdido más de un 30% de renta como consecuencia del desempleo de algún miembro. Esto seguramente forzaría a muchas entidades a ser más receptivas con las propuestas negociadoras de sus clientes, y de nuevo liberaría recursos hacia el consumo.

Algún crítico me dirá que las deudas se pagan, y esto es tanto como invitar al impago, y es verdad, pero por una parte, los bancos son los que han sentado el precedente, dando barra libre a los promotores inmobiliarios, y ahora aludiendo el coste de sus errores por la vía de la socialización, y por otra es más importante reactivar la maltrecha economía nacional, y esta vía es rápida y barata, y sobre todo pondrá freno a los desahucios.

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