Otra oportunidad perdida

El debate climático se ha trasladado estos días a Marrakech, en una nueva COP que, en teoría, debería ser la primera en concretar medidas y actuaciones. Al final y en tiempo de descuento, se ha arrancado un compromiso de mínimos, una tímida agenda que al menos marca unas cuantas cuestiones relevantes: es un mensaje claro de que la comunidad internacional ha entendido el problema, y por ello el proceso se hace irreversible. Es un mensaje necesario en el momento en el que ha accedido a la presidencia del país más contaminante de la Tierra un negacionista.

cop22En ese sentido, a nuestras escalas europea, nacional, regional y local deberíamos aplicarnos en alcanzar y mejorar los objetivos marcados por París. Y tristemente no parece que hayamos hecho los deberes. Desde la UE no se ha ejercido el liderazgo que se debería, con algunas incoherencias en políticas diversas, pero sin duda es dentro de casa donde más camino tenemos que recorrer.

Nuestro gobierno se ha venido caracterizando por la ausencia ¿tenemos un gobierno negacionista? Pues no sabemos. En 2012 unas primeras declaraciones abrieron la caja de los truenos, y después de eso silencio… e inacción. No ha habido ningún paso hacia políticas realmente eficaces en materia de mitigación o adaptación al cambio climático, y en cambio otras políticas sectoriales, como la energética, han sido abiertamente contrarias. El nuevo gobierno, en Marrakech, ha pasado desapercibido (y cuando no, como ha sido el caso de la ministra del ramo, ha sido inquietante).

A escala regional y local se han producido algunos avances. Cabe destacar que son los ayuntamientos los que más y mejor están trabajando en materia climática, implementando políticas de mitigación y adaptación que fomentan una economía que busca ser sostenible. A escala regional hay mucha menos actividad, si bien cabe recordar que hasta hace unos días había tres Comunidades Autónomas con procesos legislativos en curso en materia de cambio climático: Andalucía, Cataluña y Madrid. El País Vasco pudo ser la cuarta (de hecho fueron los primeros), pero el anteproyecto de ley (que data de 2010) quedó en eso; Cataluña tiene desde Enero un proyecto en trámite parlamentario; en Andalucía el gobierno regional prometió presentarla al parlamento a comienzo de este año (y seguimos esperando).

Y Madrid, claro. El caso de Madrid es singular, porque no ha sido una iniciativa del actual gobierno de Cristina Cifuentes (PP), sino de la oposición. Han sido los socialistas los redactores de la proposición de ley, que contó después con el apoyo de Podemos, y ha sido la discusión pública de la iniciativa lo que resulta singular. Que el gobierno regional la rechazara entraba dentro de lo previsible, pues en el fondo el PP no tiene una doctrina sobre el particular. El cambio climático es, como dijo Gore, una verdad incómoda, reconocerlo es tanto como asumir la necesidad de políticas para combatirlo, y esas políticas atañen directamente al bolsillo de grandes empresas que apoyan su gestión. Lo sorprendente ha sido la actuación de Ciudadanos, que se ha alineado con las tesis del PP.

El argumento principal para el rechazo ha sido que ha de existir una legislación previa desde la Administración Central, y que sólo en esa medida la Comunidad de Madrid sería competente. Otra componente para el rechazo es menos presentable pero más obvia: el gobierno quiere tener la iniciativa legislativa. Aunque el primero es un argumento que parece sensato, lo cierto es que al asumir el tratado de París el propio gobierno de España ya lo ha rechazado, pues en dicho tratado se reconoce la necesidad de políticas y compromisos en todos los niveles administrativos, y por todos los agentes (sector público, empresas, ciudadanos), y además en la Constitución se establecen las materias medioambientales como propias de las comunidades autónomas. El argumento, pues, no es tal, es una excusa, y sin embargo Ciudadanos optó por darle validez.

Las Comunidades Autónomas tienen mucho que decir en materia climática, tienen no sólo responsabilidad, sino gran capacidad de intervenir en muchos procesos con repercusiones ambientales (y por consiguiente climáticas) evidentes. Es doloroso constatar que un asunto crucial no está en la agenda de prioridades de las administraciones regionales, con independencia de los colores, y que en una cuestión que nos afecta a todos y tiene gravísimas consecuencias siguen primando criterios no sólo de corto plazo, sino de politiqueo miserable. Una oportunidad perdida más, como si nos sobraran.

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