Madrid, en el centro del problema

Hoy, por fin, se ha puesto en marcha “Madrid Central”. Para todo aquel que no sepa lo que es o que no haya oído hablar del asunto bien por venir de Marte, bien por despiste, la cuestión se explica deprisa: es la versión madrileña de las áreas de tráfico restringido que ya hay en Londres, París, Berlín,… o incluso Pontevedra. Toda una novedad, vaya.

La necesidad de restringir el tráfico de vehículos en el centro de las ciudades es una evidencia ante los gravísimos problemas de congestión, contaminación y ruido que se registran. Como ya hay muchos estudios sobre la morbilidad asociada a estos fenómenos no me detendré en ello, basta una consulta a la web de la Organización Mundial de la Salud, o a la Agencia Europea de Medio Ambiente. El problema no es solo el perjuicio directo, sino que la contaminación atmosférica, por ejemplo, es un factor coadyuvante en multitud de patologías, y no sólo respiratorias, que alcanza incluso al desarrollo mental de los niños. Y cabe subrayar que el responsable de esa contaminación es el tráfico, pues el resto de agentes emisores (las calefacciones, por ejemplo) en Madrid no llegan al 20% del total de emisiones. El tráfico, además, nos añade ruido y congestión, por lo que la cuestión es, por tanto, restringirlo. Hay qué decidir qué, y sobre todo cómo implementar esas restricciones, o dicho en otras palabras, tener una política.

Mucha de la oposición a la medida se centra en denunciar que se está impidiendo el acceso por el medio que cada persona desee, y que se restringe la libertad de uso del vehículo privado (que sin embargo no se limita en el momento de ser adquirido). Es un clásico de la derecha que se viene repitiendo cada vez que se aplica una restricción de cualquier cosa, da igual que sea el tráfico o el tabaco, y que se resumen en que “esto va a ser un caos”. Un segundo argumento que tampoco es nuevo pero que empieza a calar es que se trata de una medida que privilegia a unos frente a otros en base a su nivel de renta.

Para empezar, ¿se restringe la libertad de uso del vehículo privado? Sí, claro. Resulta que hemos aprendido que no se puede emplear este en cualquier parte, de la misma forma que no hay restricciones a la hora de comprar un preservativo pero si a su uso (entiéndase su uso funcional). Censurar a una medida de restricción de tráfico motivada por cuestiones de salud porque restringe el tráfico, asociándolo a la libertad individual, no es una señal de brillantez en el discurso, precisamente. En especial porque el derecho a la salud está recogido en la Constitución y circular en vehículo privado no, y porque para que tuviera algo de fundamento todos tendríamos que poseer un coche, que tampoco sucede.

El otro debate, algo más interesante, es el de la renta. Sin entrar en la cuestión de las consecuencias de largo plazo, que exigen un análisis más a fondo, ¿es esta restricción una forma de privilegio que favorece a quienes tienen mayor nivel? Sobre este asunto hay que apuntar tres cuestiones.

Una. Tener un coche es ya una discriminación por renta. A quien lo tiene le puede resultar natural, pero es una máquina cara, cuyo mantenimiento exige recursos considerables  que quedan fuera del alcance de muchas economías familiares. De hecho, muchas de las familias que tienen coche están asumiendo un coste excesivo, lo que se refleja en el hecho de que el volumen de tráfico es menor a final de mes que al principio.

Dos. Quien dispone de vehículo recibe una subvención encubierta en forma de dedicación de suelo público, y pongo el caso de Madrid. Más del 75% de éste en la capital se dedica a superficie para la circulación rodada. Así pues, un ciudadano sin coche tiene vedado el uso y disfrute de las tres cuartas partes del espacio público, lo que sin duda sí es una discriminación por renta. Adicionalmente, el coste del mantenimiento, limpieza y otros gastos asociados a tales infraestructuras viarias excede en varias veces lo que se recauda por los impuestos asociados al tráfico, así que de hecho quienes no tienen coche están financiando a los que sí lo tienen.

Tres. Poseer un vehículo no da derecho a que el sector público deba ofrecer plazas de aparcamiento en origen y destino, ni a que todo el espacio sea accesible empleandolo; el propietario debe asumir todos los costes que implican su inversión, así como las limitaciones que pudieran surgir. De hecho, la posesión de un bien no da derecho a su uso (vuelvo al ejemplo del preservativo, pero una pistola sería también bueno), aunque hayamos establecido esa costumbre. Otro buen ejemplo es la telefonía GSM: a todos nos gusta poder llamar a cualquiera esté donde esté, pero lo cierto es que hay muchas zonas rurales en España en las que es imposible porque no hay cobertura. Esto último sería deseable (al contrario que el caso que nos ocupa), pero no veo encendidas reclamaciones de los usuarios (salvo los directamente afectados) ni en la prensa denunciando el escándalo día si y día también.

Los términos de elección a los que nos ha conducido nuestro modelo de consumo son así de duros: salud o coche. Al final, todo lo que tiene que ver con la calidad ambiental termina conduciéndonos a la necesidad de cambiar nuestra forma de vida, es ahí donde está el centro del problema, y no en Madrid Central.

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