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Política

La celebración del Orgullo, un fasto comercializado globalmente que no ha hecho que se olvide su carácter reivindicativo pese a todo, ha coincidido (entiéndase la ironía) con la propuesta legislativa de Ciudadanos sobre maternidad subrogada. En principio son dos fenómenos independientes, pero reconozcamos que han sido vinculados por un hecho común: el poderoso papel del dinero como vía de normalización.

Que la comunidad LGTBI tenga un día de reivindicación me parece una necesidad, y lo será mientras reconocer abiertamente con quien se tienen relaciones pueda suponer una discriminación. Creo que no hace falta insistir mucho en recordar que en medio mundo lo que te juegas al salir del armario es la libertad y la vida. En España, un amplio sector hostil a la igualdad ha encarrilado su aceptación por la vía del negocio; ahí, el caso de la exalcaldesa de Madrid, Ana Botella, es canónico. Esta fórmula neoliberal tiene las limitaciones propias de todo lo que se base en la comercialización: solo vale para quienes se lo pueden permitir. En la medida en la que la orientación sexual no garantiza un nivel de renta, la “normalización” parece que sólo se dirige a jóvenes, guapos y con dinero. Así pues, cabe concluir que queda bastante lucha, porque la mayoría del colectivo no entra dentro de esos parámetros.

Y en estas razones estábamos cuando Ciudadanos presentó su proposición sobre “maternidad subrogada”, alzando sobre los tejados madrileños la bandera de la libertad… e intentando que el color naranja destaque sobre el conjunto del arco iris. El enfoque de los nuevos liberales de Albert Rivera es impecable, al menos en principio: las mujeres tienen derecho a decidir sobre su cuerpo, y por extensión pueden gestar cuando consideren. Por otra parte, hay personas que desean un hijo y no pueden (y ahí un guiño al colectivo LGTB, claro), y están en su derecho, y… ¿por qué no va a poder una mujer gestar para otros que no pueden? Desde Ciudadanos entienden que ha de haber algunas restricciones, por ejemplo la mujer que lo haga ha de tener más de 25 años y la gestación ha de ser altruista, no puede haber contrapartidas económicas. Y así sobre el papel suena bien, es una propuesta que tiene el suave encanto del viejo liberalismo.

Pero descendamos a la cruda realidad, y obviemos el hecho de que ya hay miles de niños que necesitan una familia que les acoja, lo que hace cuestionable el deseo de ser padre o madre de muchos. Cabría olvidar también que la maternidad no es un derecho humano, sino una capacidad biológica no necesariamente bien repartida (cuantos hay que lo han sido y no deberían). Si olvidamos esas dos cosillas, queda pendiente la propia condición de Ciudadanos: ¿hay alguna forma realmente eficaz de controlar el altruismo? Mucho me temo que si esta propuesta sale adelante florecerán las clínicas altruistas dedicadas a atender a madres altruistas que gestan para padres altruistas que pagan minutas no tan altruistas de esas clínicas, que a la postre solo quieren el bienestar de todos (en especial sus accionistas).

Una gestación y un parto no son procesos triviales, industrializables, sin riesgos, y salvo casos realmente excepcionales no hay forma de entender esta “maternidad subrogada” si no es con el contundente y esclarecedor nombre de “vientre de alquiler”. Es fácil entender que esta propuesta conduce a convertir la maternidad en un mero proceso biológico desconectado de la vida de la mujer que lo soporta, y potencialmente comercializable, y me resulta imposible pensar en una que, con recursos y buena salud, vaya a querer hacerlo. Y sin embargo parece muy sencillo ese mecanismo para explotar, por una vía más, a las mujeres, con la excusa precisamente de su libertad.

Y por fin llegaron las primarias socialistas. La falta de visión estratégica de la que han hecho gala los gestores del PSOE es significativa, pues habiendo podido solucionar el conflicto abierto con rapidez, han preferido dilatar los tiempos. Es un clásico de los últimos años, dicho sea de paso, porque Rubalcaba estuvo jugando tres años al “vamos a renovarnos” y… estas son las consecuencias.

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En un cierto sentido, llevamos un arranque de año que casi podríamos denominar “medieval”: acompañando al fanatismo islamista, al que parece que ya descontamos toda clase de enfoques segregadores de la condición humana, el cristianismo ultra parece que ha despertado en España con el “incidente del autobús”. Tal vez esto sea una ingenuidad por mi parte, porque alguno me dirá que el integrismo cristiano no se ha dormido nunca. En Estados Unidos ha llegado a la vicepresidencia, en España los obispos hacen sus declaraciones acogiéndose a una libertad de expresión de la que no gozan quienes tienen una visión opuesta a sus planteamientos, y encima se puede apreciar como no somos los que peor estamos en Europa en este terreno.

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El debate climático se ha trasladado estos días a Marrakech, en una nueva COP que, en teoría, debería ser la primera en concretar medidas y actuaciones. Al final y en tiempo de descuento, se ha arrancado un compromiso de mínimos, una tímida agenda que al menos marca unas cuantas cuestiones relevantes: es un mensaje claro de que la comunidad internacional ha entendido el problema, y por ello el proceso se hace irreversible. Es un mensaje necesario en el momento en el que ha accedido a la presidencia del país más contaminante de la Tierra un negacionista.

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La tasa de descuento es el precio que tenemos que pagar por tener en el presente un ingreso futuro. Aparentemente puede parecer un problema de ajuste de precios bastante técnico, pero esconde un problema de filosofía económica muy serio: ¿qué vale más, el presente o el futuro?

Un ejemplo: Cuando se habla de políticas de mitigación y adaptación al cambio climático, quienes defienden posturas de lo que yo denomino “negacionismo blando” suelen plantear el coste de muchas de ellas como una barrera a su implantación. Quienes sostienen esto no niegan la teoría científica, pero no consideran la cuestión tan grave como para justificar medidas de corto plazo. Esto se basa, precisamente, en la tasa de descuento que aplicamos al conjunto de la economía. Si consideramos una tasa de descuento positiva, estamos diciendo que el futuro es menos valioso que el presente, y cuanto más alta, más rápido se deprecia conforme el plazo es mayor. Por tanto, con una tasa de descuento positiva será sensato no implementar políticas costosas que puedan reducir (o hacer que no crezca) el PIB. Y no hacen falta cifras muy elevadas, con un 5% es bastante para asegurarse de la irrelevancia de nada más allá de cinco años.

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El drama desencadenado en el PSOE esta semana, tanto más con su desenlace, ya ha acuñado sus imágenes. A la vuelta de unos años la dimisión en bloque de los 17 miembros de la Ejecutiva socialista se verá como la traición que precipitó el desastre, y ninguno de los participantes podrá quitarse jamás esa etiqueta. Objetivamente, es un acto legal (puede hacerse en el marco estatutario del PSOE) y legítimo (quienes lo han hecho podían, y lo consideran justificado). Sin embargo, a nadie se le escapa que hay ciertas maniobras que retuercen el espíritu de la norma y en una institución democrática no deben hacerse. En especial, porque quienes lo han protagonizado deberían tener conocimiento político suficiente como para anticipar las consecuencias de sus actos.

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