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Territorio

A comienzos de este año nos enteramos de un proyecto que desde su misma concepción ha generado debate, cuando no polémica. Se trata del plan de una cooperativa navarra de construir una granja con capacidad para 20.000 vacas lecheras en Noviercas (Soria). Para los urbanitas cabe señalar que una explotación estaría en la media regional con 50 de ellas (la media nacional esta 10 por debajo), así que hablamos de una megainstalación de ganadería industrial.

Las cifras que rodean esta iniciativa son importantes, y para un municipio como Noviercas, de uno 160 habitantes, casi astronómicas: 95 millones de inversión, 900 Ha de extensión, 150 establos, 250 empleos, 180 millones de litros de leche al año de producción… No es de extrañar que el proyecto haya recibido importantes apoyos institucionales: Cámara de Comercio, Diputación Provincial o el propio ayuntamiento. El proyecto se redondearía con una factoría para procesar toda esa leche, que se instalará en Ólvega y supondrá unos 80 empleos más. Así pues, unos 330 empleos en una comarca muy desertificada. Difícil cuantificar lo que supone para una comarca así una inversión como esa.

El problema de esa instalación es que, muy probablemente, supondrá la ruina de un enorme número de granjas familiares repartidas por todo el norte peninsular, un tejido económico vulnerable pero imprescindible en nuestro medio rural. Es como desnudar a varios centenares de santos para vestir a uno. Y por si fuera poco, está el “pequeño problema” ambiental. Las vacas consumen agua, unos 25 litros por cabeza y día, con lo que la granja consumiría más agua que la capital de la provincia. También defecan, y el volumen creado por 20.000 ejemplares generaría graves problemas de contaminación de suelos y agua. Y también, lo que podría ser el problema más grave, está su incidencia sobre el cambio climático.

Las vacas en sus deposiciones emiten metano, unos 90 kilos al año dependiendo de su dieta, y este es un poderoso gas de efecto invernadero. Una molécula de metano (CH4) equivale a 32 de dióxido de carbono (CO2). Una concentración puntual de 20.000 vacas vendría a emitir unas 18.000 toneladas de metano, que son 576.000 toneladas equivalentes de dióxido de carbono. Ya es una cifra importante, pero ¿cuánto es eso? Empleemos una referencia común: un vehículo de turismo medio de gasolina y fabricación reciente viene a emitir 2,47 kilos por litro; si empleamos las medias de motorización de España y de consumo de combustible, ese volumen de dióxido de carbono correspondería a la circulación anual de entre 350.000 y 380.000 vehículos, que viene a ser el parque móvil de la ciudad de Valencia.

Ya no es sólo que se trate de un modelo que realmente no crea desarrollo, sino que lo desmantela en amplias zonas para trasladar parte de la actividad a otras, privatizando beneficios y socializando costes, es que además supone serios impactos ambientales que no afectan sólo al territorio en el que se localiza la inversión, se extienden más allá de la provincia y tiene incidencia global. No es desarrollo rural, es la misma pesadilla industrialista de siempre.

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El patrimonio es una gran fuente de riqueza. Vivimos en un país en el que eso debería estar meridianamente claro. Con una economía como la nuestra, fuertemente dependiente del turismo, todos deberíamos ser muy conscientes de que el país entero es un gran producto turístico. Esto tiene varias consecuencias prácticas: conservar el patrimonio ambiental, cultural e histórico debería ser no sólo una política de las administraciones públicas, sino una vocación ciudadana generalizada. ¿Es esa la situación? Retórica pregunta, claro que no.

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“Inasequibles al desaliento” es una consigna muy vinculada a la más rancia derecha franquista, pero que sin duda expresa un cierto enfoque, una forma de entender el mundo: viene a decirnos a todos que no importa nada de lo que suceda, porque tenemos una visión que es la que vamos a implementar. Este comentario no viene al caso de la reciente aprobación de la ley de seguridad ciudadana, que como tantas políticas del PP se les puede aplicar las tres “i” (innecesaria, inoportuna, inconveniente), sino a la nueva iniciativa de “desarrollo económico y creación de empleo” con la que estamos amenazados los madrileños.

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Esta semana, para los que estamos dedicados a las materias ambientales y territoriales, es dura, encantadoramente dura. Lo es porque se celebra el Congreso Nacional de Medio Ambiente (CONAMA), que cada dos años nos convoca para reflexionar sobre todo lo que rodea al medio desde diferentes puntos de vista. Este año, además, converge con el Congreso Internacional de Ordenación del Territorio, con lo que las discusiones, propuestas y proyectos se van a extender hasta el domingo…

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Que el diario que ha sido la referencia informativa de España, El País, está en clara decadencia, es algo que se evidencia fácilmente. La crisis comercial se trasladó a una reducción de plantilla, con lo que el recorte de gastos empezó por quienes mantienen la calidad del producto (a la directiva que les arruina, ni tocarla). Una política clásica en este país, y el resultado salta a la vista. Si completamos eso con el giro a la derecha de la nueva dirección, tenemos el cuadro completo. Lo mejor para confirmar estas palabras es remitirnos a la fuente. Por ejemplo, en el editorial del pasado domingo 17 de Agosto, que justificaba los sondeos petroleros en Canarias.

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Estos últimos cinco días, la noticia de más interés en los medios es el conflicto en el burgalés barrio de Gamonal. Hartos de estar hartos, los vecinos se han movilizado para impedir el comienzo de unas obras contra las que ya se habían venido oponiendo. Lo cierto es que sólo ha salido en los medios cuando las manifestaciones han terminado con violencia. Aunque no es al caso de lo que pretendo exponer, no deja de resultar sospechoso que sólo haya noticia si hay bronca, y que a partir de una cierta acumulación de fuerza policial parece que el espectáculo está garantizado. Pero lo que me llama la atención es la poca atención al fondo de la cuestión: los ciudadanos reclaman su derecho a decidir cómo ha de ser su ciudad. Y esto sucede porque nadie les ha preguntado.

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Esta semana pasada el PP celebra el segundo aniversario de su victoria electoral de 2011. Coincidiendo (o no) con ella, se han esbozado (huelga), presentado (seguridad ciudadana), avanzado (impacto ambiental) o aprobado (educación) iniciativas legislativas que redondean el giro reaccionario que este gobierno está dando al país aprovechando la excusa argumental de la mal llamada crisis económica. Aunque el grado de indignación social es creciente, la escasez de mecanismos de participación y control, por una parte, y la erosión que estos están sufriendo, por otra, hace que calen dos mensajes perversos: por una parte, “no hay nada que hacer”; por otra, “no se puede hacer nada”.

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